¿Un sistema democrático puede convivir con un pseudopartido político cuyos integrantes adoran, cual líder de una secta, a un dictador condenado por crímenes de lesa humanidad? ¿No tendrían que ser pasivos de denuncia aquellos que hacen apología a un terrorista de Estado que purga 25 años de cárcel por mandar a asesinar y desfalcar el erario público? Cada vez que a los fujimoristas se les otorga un cargo público o toman posición sobre algún tema nacional, la ciudadanía debe salir a las redes o a las calles a pronunciarse en contra, puesto que los fujimoristas solo representan intereses malsanos. ¿O esperamos que los fujimoristas cambien? 

Entonces esperemos que mañana los fujimoristas defiendan la Ley Universitaria; que coloquen técnicos de nivel en el BCR; que protejan los derechos LGTBI; que elijan a alguien que verdaderamente defienda al pueblo; que no tengan integrantes vinculados al narcotráfico ni la corrupción; que dejen a las mujeres decidir sobre sus cuerpos; que no compren votantes; que no haya más un Becerril, Rosas, Chacón o Salgado en sus filas; que sus dirigentes no sean violentos ni abusivos; que nombren a un Procurador del Congreso que no sea de su agrupación; etcétera.

Si no hay nada bueno que haga o salga del fujimorismo, ¿por qué entonces autoridades, intelectuales, periodistas, entre otros, no exigen que el fujimorismo sea proscrito (como el Movadef) de la vida política peruana? Tal vez porque este cinismo político permite la existencia de quienes viven de escandalizarse del fujimorismo pero conviven con ellos, sin importarles el daño que le causan al país.

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