Si bien el sicariato político ha menguado y ya no se saquea escandalosamente el erario regional, lo que continúa creciendo son las portátiles, el amedrentamiento y la difamación, y no solo por militantes o simpatizantes de "Cuenta conmigo" (quienes siguen operando impunemente), sino por las nuevas gestiones. Sacar a marchar a trabajadores, obligarlos a aplaudir o pifiar, mandar a funcionarios a rebatir verdades con mentiras, utilizar a personas violentas para golpear opositores, etcétera, son, otra vez, el pan de cada día.

La política sin Álvarez y Arroyo no ha cambiado mucho, porque han surgido "nuevos comandos"; personajes siniestros que les han tomado la posta y cada vez son más peligrosos. Los ciudadanos sufrimos estas prácticas cotidianas y nadie hace nada; la justicia se cruza de brazos y la mayoría de medios callan sin vergüenza (pues perderían la publicidad de la que viven, sino busquen sus nombres en el portal de Transparencia Económica del MEF). La lógica es la misma que la de "La Bestia": a más críticas contra la gestión, más persecución de las autoridades de turno, la mayoría candidatos a Cambio Puente.  

Periodistas ayayeros, jueces y fiscales chalecos, empresarios testaferros, dirigentes convenidos, servidores públicos que llenan sus cuentas de Facebook con la cara de sus jefes, gente ignorante con poder de facto que decide cargos públicos, entre otros, precarizan las instituciones, empobrecen la política e impiden el democrático y libre ejercicio ciudadano. Inténtelo: critique alguna de las medidas populistas que todos los días promueven los politiqueros o solicite alguna información que los pueda poner en aprietos y verá cómo se ensañarán con usted en todos sus medios panfletarios: impresos, virtuales, televisivos y radiales. En este contexto, ¿qué clase de jóvenes y profesionales querrían participar en la gestión pública y la política?

¿Qué están haciendo las instituciones competentes para frenar estas prácticas perversas? Recordemos el Artículo 31 de la Constitución Política del Perú: "Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos". Una autoridad electa o un funcionario no puede impedir la participación de nadie en los asuntos públicos; su función es promover mecanismos directos e indirectos de intervención que generen confianza. Es nuestro deber como sociedad civil estar unidos y desarrollar estrategias culturales para construir una ciudadanía crítica, participativa y democrática, y así detener y prevenir el modus operandi de los "nuevos comandos", pues este impide el mandato constitucional que nos hace verdaderos ciudadanos.

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