A pesar de ser el cuarto pilar del desarrollo sostenible, la “cultura” no figura entre las dimensiones que especifica el “Formato Resumen de Plan de Gobierno” que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exige llenar a las agrupaciones políticas a partir de sus planes de gobierno. Entre ellas solo figuran las dimensiones social, económica, ambiental e institucional.

¿Por qué debería estar la cultura entre estas dimensiones? Porque según el Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU): “Los retos culturales presentes en el mundo son demasiado importantes para no ser tratados de la misma manera que las otras tres dimensiones originales del desarrollo sostenible (la economía, la equidad social y el equilibrio medioambiental). El cuarto pilar establece sólidas conexiones de complementariedad con las demás dimensiones del desarrollo”.

Si el JNE, institución rectora del sistema democrático y de la gobernabilidad del país, no considera que la cultura es imprescindible, por ejemplo, para la construcción de valores cívico-políticos y el empoderamiento de los ciudadanos, qué se puede esperar de los politiqueros peruanos sin visión que postularán este 5 de octubre. En cambio, si el JNE exigiera que la cultura sea tomada como una dimensión más del desarrollo, los candidatos al menos se esforzarían por googlear el concepto y proponer alternativas de solución a los problemas reales a través de esta.

Por lo general, “cultura” es una palabra lastimera en los planes de gobierno. Los politiqueros peruanos ven la cultura como un lujo innecesario y en sus discursos son lugares comunes los restos arqueológicos y el folclor para el entretenimiento. La perspectiva actual sin embargo “apunta a la relación entre cultura y desarrollo sostenible a través de un enfoque doble: desarrollando los sectores culturales propios (a saber: patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte, turismo cultural); y abogando para que la cultura sea debidamente reconocida en todas las políticas públicas, particularmente en aquellas relacionadas con educación, economía, ciencia, comunicación, medio ambiente, cohesión social y cooperación internacional” (CGLU).

El JNE debería preguntar: ¿Cómo se engarzan las propuestas culturales de los candidatos regionales y municipales a las políticas nacionales? ¿Cómo siguen estas los planes de desarrollo locales? ¿Los lineamientos del Ministerio de Cultura? ¿Las agendas mundiales de la Unesco y las Naciones Unidas por ejemplo? ¿Los pactos internacionales de acceso a los derechos culturales? ¿Las declaraciones como la de San José (1969), México (1982), San Salvador (1988)?

Existen innumerables documentos de gestión e instrumentos normativos, nacionales e internacionales, para entender la cultura como una herramienta para el desarrollo, sin embargo, los politiqueros, más entusiasmados con las dádivas y el discurso efectista del cemento, ni por asomo le prestarán interés. Es por eso que es el JNE la institución llamada a poner en los planes de gobierno de los candidatos la cultura, pues, como explica la Unesco y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, “la cultura al fin y al cabo moldea lo que entendemos por desarrollo y determina la forma de actuar de las personas en el mundo”.

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