El tristemente célebre presidente de Áncash, César Álvarez, denunciado por innumerables casos de corrupción y asesinatos, también fue denunciado por Juan Calderón Altamirano, líder del movimiento regional Juntos por el Cambio, debido al déficit de 150 millones de soles en la administración regional (que según dijo ascendería a 300 millones). Esta denuncia se realizó ante la Fiscalía Anticorrupción a fines del año pasado, no obstante, un reciente documento publicado en una página web demuestra que desde el 2012 la región Áncash ya estaba en déficit.

Como se puede leer en el OFICIO N° 0095 - 2013 - GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH/PRE, enviado el 18 de enero de 2013 y recibido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los pocos días, César Álvarez solicitó "que se nos detallen los procedimientos y/o requisitos a seguir con la finalidad de acceder a los recursos de endeudamiento público". En el documento el presidente de Áncash alega que "la cartera de estudios de pre inversión viables así como los estudios definitivos aprobados con que cuenta el Gobierno Regional rebasan nuestra disponibilidad financiera", sin embargo, jamás informó a la región tal escasez de recursos. 

En el colmo del absurdo, este despilfarro el MEF y el Congreso de la República lo llamaron "eficiencia de gasto" y premiaron a César Álvarez. Como ha escrito el especialista en Gestión Pública Descentralizada, Ing. Rómulo Antúnez Antúnez: "(...) en los últimos tres años han licitado obras sin certificación o respaldo presupuestal, por lo menos en 300 millones en obras en ejecución y otros 200 millones en obras licitadas en el 2013 que no inician hasta la actualidad, como el caso del Hospital de La Caleta de Chimbote, de 177 millones de soles, que fue dada la buena pro en abril de 2013 y que no inicia hasta la fecha, y muchos en el departamento de Áncash".

El caballito de batalla de César Álvarez durante el año pasado fue insultar al gobierno central y exigir la devolución de 517 millones de soles por la aplicación de la Ley de Gravamen Minero (realizando un paro a fines de noviembre), el cual no existe. Además, pide la compensación de más de 150 millones, a pesar de que Freddy Otárola, presidente del Congreso, le haya dicho: "No le debemos nada a Áncash". En lo que es un evidente acto de desesperación y clientelismo político, el presidente regional ha vuelto a convocar otro paro para el jueves 27 de febrero, que Otárola ha criticado declarando que "los que van a acatar el paro serán un grupo de gente parte de una mafia de construcción civil y algunas personas engañadas por una política demagógica, producto de la incapacidad -de César Álvarez-".